Una serie de acusaciones graves y un entramado de oscuros vínculos empresariales sacuden a parte del sector vitivinícola argentino, revelando conflictos comerciales y conexiones con exautoridades de entidades del vino de la Argentina.
En medio de una crisis del sector vitivinícola a nivel global y crónica a nivel nacional, dos disputas judiciales sacuden la industria del vino en la Argentina. El Caso Zuccardi sigue adelante, de tanto en tanto, a través de los medios podemos saber de alguna actividad judicial y de movimientos oscuros y polémicos de alguna de las partes en pugna.
Por el otro lado, otro conflicto judicial de diferente trascendencia ya que las partes involucradas trascienden las fronteras argentinas desde España, Canadá y otros países de la Unión Europea donde los ejecutivos de IBERTE tratan de probar que no son una sociedad fantasma dedicada a tropelías financieras y estafas.
Precisamente en la provincia de San Juan, la situación de la industria vitivinícola local -un conflicto que involucra a una de las entidades comerciales del vino más grandes de Argentina y del mundo- se ha vuelto crítica con el desarrollo de una causa judicial en San Juan que involucra a las mencionadas Fecovita e IBERTE.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, presidida por el diputado José Luis Ramón, ha solicitado un informe a la Secretaría Penal n.°5 del Juzgado Federal n.°2 de San Juan. Esta medida responde a la causa FMZ 27276/2024, caratulada “Importadora Vitivinícola SA y otro s/contrabando art. 864 IMC.B – Código Aduanero”.
Además, la Fiscalía de Mendoza, encabezada por el Dr. Juan Tichelli y el fiscal jefe Dr. Alejandro Iturbide, está involucrada en la investigación, buscando acceder a las pruebas que sustentan la imputación contra los directivos de Fecovita, una de las cooperativas más relevantes del sector.
Allanamientos y Documentación Comprometedora
Uno de los episodios más destacados de esta causa fue el allanamiento realizado el 27 de diciembre de 2024 en el domicilio de Guillermo García, expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Durante el operativo, se secuestraron teléfonos, notebooks, cuadernos y documentación relacionada con varias empresas, incluyendo ISBER LLC, AISA, IBERTE, ERIS LLC, CALICANTO, SOLAR SA y EXPORTADORA VITIVINÍCOLA (EVISA).
La mayoría de estas firmas, excepto IBERTE, forman parte del Grupo Aisa (con sede en Canadá), propiedad del empresario español Juan José Retamero (en la imagen principal de este artículo). IBERTE, por su parte, no ha presentado saldos en 2023 ni 2024 y habría cesado operaciones tras su último estado contable en 2022, que revela la venta de acciones de EVISA.
Vínculos Empresariales y Políticos
La empresa INVER SA, creada el 22 de febrero de 2022 en Mendoza, tiene a IBERTE como uno de sus principales socios. Guillermo García ocupa la presidencia de INVER, mientras que Juan José Retamero se desempeña como vicepresidente. El síndico suplente, Gabriel Bertranou, fue separado de su carga en el INV por incompatibilidades funcionales.
Además, en la Cámara de Comercio de San Juan, Marcelo Alós, exministro de Producción y Desarrollo Económico de esa provincia y exgerente de Fecovita, aparece como apoderado de INVER.
Conflictos en aumento
La situación se complica aún más, ya que IBERTE mantiene litigios activos con otras empresas del sector, como Fraccionadora San Juan, Jugos Australes y Bodegas Galán, lo que genera una creciente preocupación en la industria vitivinícola argentina. Tanto Guillermo García como Juan José Retamero han optado por el silencio, delegando su comunicación a representantes legales.
Desde Fecovita, se ha intentado verificar la identidad y antecedentes de Retamero en España y Eslovaquia, donde se encuentra la sede de IBERTE, pero los resultados han sido escasos. La única mención obtenida fue sobre una distribuidora quebró en 2013, con deudas millonarias, y un buzón postal sin oficinas físicas en Bratislava.
Expectativas de un Fallo Clave
El litigio económico entre IBERTE y Fecovita se encuentra en el centro del conflicto, esperando resolución por parte del Comité Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que deberá definir quién le debe a quién. Sin embargo, IBERTE ha intensificado las denuncias penales, lo que genera sospechas sobre una posible estrategia para desviar la atención de un conflicto puramente comercial.
La situación en la industria vitivinícola de Argentina sigue siendo tensa, y la resolución de estos conflictos podría tener repercusiones significativas para todas las partes involucradas. La comunidad vitivinícola estará atenta a los próximos desarrollos en esta historia, que continúa revelando un entramado complejo de relaciones y acusaciones.
