La federación cooperativa más grande del vino argentino demandó por daños y perjuicios al abogado Carlos Aguinaga por sus declaraciones en medios sobre la deuda con Iberte. Reclaman $30 millones, no descartan elevar el monto y esperan un laudo arbitral antes de fin de año.
La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) abrió un nuevo frente en su conflicto con la firma eslovaca IBERTE. En paralelo a las causas penales y al arbitraje comercial, la federación presentó una demanda civil por Daños y Perjuicios contra el abogado Carlos Aguinaga, representante de Iberte, por entender que sus declaraciones públicas “sin sustento y malintencionadas” perjudicaron a la cooperativa en su relación con bancos, proveedores y socios comerciales. El reclamo asciende, en esta primera etapa, a $30 millones y el equipo legal no descarta ampliarlo.
Según explicó el asesor jurídico de Fecovita, Osvaldo Coll, las declaraciones de Aguinaga habrían afectado la “obtención de créditos, descuentos de tasas y acuerdos comerciales”, al instalar dudas sobre la solvencia del grupo. “Han montado un circo mediático para perjudicar a Fecovita y Aguinaga deberá hacerse cargo por el daño causado”, afirmó el abogado, al justificar la decisión de llevar el caso a la Justicia civil luego de que fracasara una instancia de conciliación la semana pasada.
Cooperativistas en el centro del conflicto
Uno de los puntos más sensibles para Fecovita es el mensaje que, según la federación, Aguinaga difundió en diversos medios: que los pequeños productores asociados a las cooperativas deberían hacerse cargo de una presunta deuda de Fecovita con Iberte. Ante esa versión, Coll fue terminante. “En sus declaraciones ha faltado a la verdad y es clara estrategia para causar temor en los productores; no es casual que lo diga en plena cosecha”, señaló.
Desde la federación remarcan que las 29 cooperativas que integran Fecovita son sociedades de responsabilidad limitada, por lo que los productores no responden con su patrimonio personal ante eventuales deudas de la federación. El promedio de los viñateros del sistema es de 5 hectáreas cada uno, lo que vuelve especialmente delicada cualquier comunicación que los señale como potenciales garantes de obligaciones millonarias.
Fecovita agrupa a miles de pequeños productores, que cada vendimia entregan su uva para que las cooperativas elaboren el vino y la federación lo comercialice bajo marcas masivas como Toro, Resero, Viñas de Fecovita, Dilema y otras etiquetas con fuerte presencia en góndola local e internacional. Además de la comercialización, el sistema cooperativo que funciona desde hace más de 35 años ofrece asistencia técnica, compras conjuntas de insumos y acceso a tecnología que, de manera individual, estos productores no podrían financiar.
“Estas declaraciones buscan tapar la insolvencia”
En la demanda, Fecovita también apunta contra otras expresiones públicas de Aguinaga que, según la federación, dañan su reputación sin respaldo en las decisiones todavía pendientes del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Coll sostiene que “todas estas declaraciones falsas buscan tapar la insolvencia y la ausencia de poder financiero que tienen las empresas de Juan José Retamero y su apoderado Guillermo García”.
El asesor jurídico agregó un dato concreto: “Una prueba de esto es la deuda de aproximadamente 330 millones de pesos que tiene con la Provincia de Mendoza por la falta de pago de las tasas de justicia por el pedido de quiebra que le hizo a Fecovita, que fue rechazado en 2023”. En la federación insisten en que, lejos de ser deudora, es Iberte quien mantiene obligaciones impagas con el grupo vitivinícola mendocino.
Del otro lado, Iberte y su abogado han sostenido en otros expedientes que Fecovita habría ocultado pasivos y falseado balances, y reclaman una “deuda millonaria” que, según el propio Aguinaga, podría rondar los U$S 30 millones e implicar pasivos totales del orden de U$S 100 millones a cargo de la federación, extremos que Fecovita niega rotundamente y que están bajo análisis del Tribunal Arbitral y de la Justicia penal.
EVISA, arbitraje y causas penales: el mapa de la “guerra del vino”
El conflicto tiene su origen en la creación de EVISA (Exportadora Vitivinícola S.A.), una sociedad constituida entre Fecovita e Iberte para exportar vino y mosto a Europa del Este. El proyecto nació con expectativas altas, pero el trabajo conjunto fracasó y ambas partes acordaron la salida de Fecovita de la sociedad. Para determinar quién era deudor de quién, se pactó someter la cuestión al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, instancia que aún debe expedirse y que, según se espera, podría hacerlo antes de fin de año.
En el camino, la disputa escaló a niveles poco frecuentes para la industria vitivinícola. Fecovita denunció por administración fraudulenta al empresario español Juan José Retamero y a su apoderado en Argentina, Guillermo García, quienes se encuentran imputados en el Juzgado Nacional Penal N°61. A su vez, se menciona que García —expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)— estaría imputado por contrabando en la Justicia Federal de San Juan.
La federación también denunció a Gabriel Bertranou por incompatibilidad de funciones, lo que derivó en su desplazamiento como coordinador de Asuntos Jurídicos del INV. Del lado de Iberte, las ofensivas incluyeron cuestionamientos a los balances 2021, 2022 y 2023 de Fecovita, denuncias por estafa y acusaciones de administración fraudulenta, que dieron lugar a investigaciones en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Lo que viene: la palabra del Tribunal y el impacto en la cadena
Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el laudo que deberá emitir el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, llamado a despejar la pregunta central: quién es deudor y quién es acreedor en la caída de EVISA, y por qué montos. La expectativa es que el fallo llegue “antes de fin de año” y aporte claridad económica a un caso que ya acumula expedientes penales, denuncias cruzadas y ahora también demandas civiles por daños.
En un contexto de cosecha 2026 complicada, precios en discusión y paritarias tensas en el sector vitivinícola, la ofensiva de Fecovita contra Aguinaga agrega una capa más a una industria cada vez más judicializada. La federación insiste en que defiende no solo su reputación corporativa, sino la de miles de pequeños productores que, según Coll, “no tienen por qué cargar con una guerra mediática y judicial que no provocaron”.
Lo que defina el Tribunal Arbitral —y, más adelante, los jueces penales y civiles— no solo ordenará la cuenta final entre Fecovita e Iberte: también será una señal para toda la cadena del vino en Argentina, Chile y la región sobre cómo se leerá, en adelante, la frontera entre conflicto comercial, estrategia comunicacional y protección de la reputación en un negocio donde la marca, la confianza y el crédito valen tanto como la propia uva.
