La Resolución 55/2026 puso fin al aporte obligatorio que bodegas y productores pagaban desde 2004 para financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y al Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, recibió un fuerte respaldo.
Qué cambia con la Resolución 55/2026
La norma —publicada en el Boletín Oficial— declara cumplido el ciclo del PEVI 2020 y establece un plazo de tres meses para desmantelar el esquema de contribuciones compulsivas previsto en la Ley 25.849. A partir de ahora:
- Se eliminan los aportes obligatorios por cada litro elaborado, embotellado o vendido, así como por cada kilo de uva procesada.
- La COVIAR sigue existiendo, pero ya no puede ejecutar ni financiar el PEVI con fondos de origen público nacional.
- Cualquier financiamiento deberá provenir exclusivamente de aportes voluntarios de sus miembros, “como cualquier cámara empresaria”, según destacó el propio Gobierno.
- La entidad deberá presentar un informe final con rendición completa de cuentas, y los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Para Sturzenegger, el esquema que se desarma era “una aberración”. “En total, entre 2004 y 2025, se le sacaron al sector —lo pagamos todos nosotros— U$S 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”, escribió en X. Y sintetizó el espíritu de la medida con una frase que resonó fuerte en bodegas: “Sacamos al Estado de adentro de la bodega”.
El aplauso en todo el país: alivio de costos y crítica al PEVI
En San Juan, el respaldo fue casi unánime. El propietario de Aguma, Oscar Biondolillo, lo definió sin rodeos ante Diario de Cuyo: “Es una muy buena medida del Gobierno nacional que la industria vitivinícola está festejando. Se impuso la lógica y la coherencia… El aporte a COVIAR significa para las bodegas un costo extra sin ningún tipo de beneficio”.
Sobre el desempeño del PEVI, fue igual de duro: “Los objetivos trazados en el PEVI 2020 de aumentar las ventas en mercado interno y las exportaciones no fueron alcanzados, por lo que no tenía sentido su funcionamiento y la obligatoriedad del pago ante tan manifiesto fracaso y tan mal uso de los recursos disponibles”.
Biondolillo recordó además que “innecesariamente hubo que llegar a esta determinación” y cuestionó que en 2025 se haya “judicializado” el intento de pasar a aportes voluntarios: “Si la COVIAR era ‘tan eficiente’ como sus directivos manifestaban ser, podrían haber seguido funcionando con los aportes voluntarios de las bodegas que estuviesen de acuerdo con su funcionamiento”.
Desde la Cámara de Bodegueros de San Juan, presidida por Mauricio Colomé, el respaldo fue institucional y explícito. En un comunicado, calificaron la eliminación del canon como “una medida necesaria y largamente esperada por el sector” y cuestionaron que el esquema anterior imponía “aportes obligatorios… sin contemplar su realidad económica ni su voluntad de participación”, afectando la competitividad en un contexto ya de por sí adverso.
La Asociación de Viñateros Independientes, presidida por Juan José Ramos, fue todavía más crítica con el resultado del plan: sostuvo que el PEVI “no garantizaba la rentabilidad del productor primario” y que “todos los índices fueron negativos”. Según la entidad, “desaparecieron en ese período casi la mitad de los viñateros”, en una evaluación muy dura del impacto sobre el entramado productivo.
El productor Andrés Berzenkovich, de Viñedos Pie de Palo, aportó la mirada de caja diaria: “Estamos de acuerdo con la supresión del cobro obligatorio. Estamos en momentos difíciles. Muchas veces queremos vender un vino y tenemos que salir a pedir prestada plata para poder pagar la COVIAR”. Y agregó: “La verdad es que no obtuvimos los resultados esperados… Necesitamos más bodegas que trabajen, no menos, y que quieran poner el vino y levantarlo en las góndolas de la Argentina”.
La posición de Bodegas de Argentina: alivio financiero y “nuevo paradigma”
La cámara Bodegas de Argentina, que agrupa a más de 200 empresas y viene confrontando con la COVIAR desde hace años, también celebró la decisión. En un mensaje en X, la entidad afirmó: “Bodegas de Argentina respalda el cese de las contribuciones obligatorias a Coviar. Esta medida representa un paso histórico hacia la modernización y competitividad de la industria vitivinícola”.
Para la entidad, la resolución ratifica que “el ciclo de la COVIAR, diseñado originalmente con un horizonte temporal hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal” y pone en marcha “un nuevo paradigma para la industria” basado en “una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial”.
En un comunicado, Bodegas de Argentina destacó varios puntos:
- Fin inmediato de los aportes obligatorios, lo que implica “un alivio financiero directo y urgente” para las bodegas.
- Cese de la recaudación por parte del INV, garantizando que “los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos”.
- Exigencia de “un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa” por parte de la COVIAR y traspaso de fondos remanentes al INV.
- Aclaración de que “el fin de la intermediación coactiva de la COVIAR no significa el fin de la planificación estratégica”, sino la oportunidad de avanzar hacia “una gestión más eficiente, liderada por el sector privado”.
Un sector en crisis: exportaciones mínimas en 20 años y consumo frágil
La decisión llega en un momento delicado para el vino argentino. Según datos del INV y del Centro CEPA, la vitivinicultura se desarrolla en 20 provincias, pero Mendoza concentra el 71,4% de las hectáreas implantadas, el 78% de la elaboración de vino y más del 52% del mosto. El sector representa casi el 11% del Producto Bruto Geográfico mendocino y es clave en empleo regional.
Las exportaciones cerraron 2025 con el peor registro en más de dos décadas: 1,93 millones de hectolitros y U$S 661 millones, una caída del 6,8% en volumen y del 7,2% en valor frente a 2024, el nivel más bajo desde 2009. En 2025, Argentina exportó menos litros y cobró menos por cada unidad, reflejando una creciente “comoditización” del negocio.
En marzo de 2026, hubo cierto alivio: las exportaciones de vinos argentinos sumaron U$S 57,4 millones, un 9% más que en marzo de 2025. Los varietales explicaron U$S 51,3 millones (U$S 47,8 millones fraccionados y U$S 3,5 millones a granel), los vinos sin mención varietal llegaron a U$S 4 millones y el espumoso a U$S 2,1 millones. El fuerte dinamismo vino de los a granel, cuyo volumen creció 51,2% interanual, pero con un aumento en valor de apenas 9,09%: se exporta más, pero se gana poco más, reforzando la idea de degradación de valor.
En el mercado interno, la señal es apenas mejor. En marzo de 2026, las ventas alcanzaron 60,3 millones de litros, un 8,4% más que un año antes, impulsadas por vinos sin mención varietal (+16,5%) y espumosos (+34,9%), aunque los varietales cayeron 11,6%. En el primer trimestre, el consumo interno sumó 166,8 millones de litros, un alza de apenas 1,5%.
En este cuadro, Argentina sigue siendo el quinto productor mundial, con unos 1.000 millones de litros anuales, pero su perfil exportador se volcó progresivamente al vino a granel, debilitando el posicionamiento internacional de varietales de mayor valor agregado como el Malbec.
¿Fin de un ciclo o vacío institucional?
Mientras en San Juan, Mendoza y buena parte del sector se festeja el “alivio” de un costo considerado “impuesto encubierto”, la otra mitad del debate propone desde Mendoza (un grupo de bodegueros identificado con el kirchnerismo) ciertas dudas sobre el vacío que puede dejar la salida del Estado del esquema de promoción sectorial.
La propia COVIAR (que hasta hace poco lideraba José Pepe Zuccardi) calificó la medida de “improcedente e inoportuna” y anticipó que podría judicializar la decisión, argumentando que fue creada por ley y que el PEVI 2030 tenía aval político para extenderse. Desde el Gobierno, en cambio, la interpretación jurídica es que no hubo prórroga formal del PEVI, por lo que el financiamiento obligatorio no podía seguir vigente.
Lo que está claro es que, a partir de ahora, la competitividad del vino argentino se jugará con un esquema institucional más liviano y con COVIAR obligada a demostrar valor para convencer a las bodegas de aportar de manera voluntaria. Para un sector que enfrenta caída de precios, costos en alza y cambios en los hábitos de consumo (más bebidas de menor graduación y formatos chicos), el desafío ya no será solo producir mejor, sino también coordinarse mejor sin el respirador de un “aporte” legalmente garantizado.
