Luca Garavoglia y el representante legal de Lagfin enfrentan una solicitud de juicio en Italia. Campari aclara que el asunto no involucra al grupo ni a sus subsidiarias, mientras la holding sostiene que su propia causa fue archivada por prescripción.
El presidente de Campari, Luca Garavoglia, enfrenta un nuevo capítulo judicial relacionado con la estructura fiscal de Lagfin, la holding que controla al grupo de bebidas. Según Reuters, que citó fuentes con conocimiento directo del expediente, fiscales italianos solicitaron que Garavoglia y Giovanni Berto, representante legal de Lagfin, sean llevados a juicio por una presunta declaración fiscal fraudulenta. La solicitud todavía debe ser evaluada por un juez y no constituye una determinación de culpabilidad.
Consultada por Just Drinks, Campari respondió que no haría comentarios porque el asunto no concierne a la compañía fabricante de Aperol y Courvoisier ni a ninguna de sus subsidiarias. Esa distinción resulta central: el expediente se relaciona con cuestiones fiscales de su accionista de control, no con las operaciones comerciales del grupo de bebidas, según la posición comunicada por la empresa.
Un acuerdo tributario que no cerró el frente penal
La controversia tiene como antecedente el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 entre Lagfin y la Agencia Tributaria italiana. La holding aceptó pagar 405 millones de euros para resolver la disputa administrativa. Sin embargo, en Italia, los procedimientos tributarios y las investigaciones penales se tramitan como asuntos separados e independientes. Por eso, el acuerdo fiscal no impidió que avanzara la investigación sobre las responsabilidades individuales.
De acuerdo con Reuters, los fiscales de Monza sostienen que se habrían dejado sin declarar ganancias de capital por 5.300 millones de euros entre 2018 y 2020. Sobre esos importes, atribuyen un presunto incumplimiento de una obligación tributaria de 1.290 millones de euros, vinculada al impuesto aplicable al traslado de la residencia fiscal de empresas al exterior. Estas cifras corresponden a la hipótesis de la acusación, no a hechos establecidos por una sentencia.
El año pasado, las autoridades italianas habían dispuesto una incautación preventiva de acciones por aproximadamente 1.300 millones de euros en el marco de la investigación. El acuerdo posterior con el organismo recaudador fijó un esquema de pagos para resolver la controversia tributaria.
Ese calendario contemplaba:
- Un pago inicial de 152 millones de euros antes de finalizar 2025.
- El abono del saldo mediante cuotas trimestrales iguales entre junio de 2027 y el 20 de septiembre de 2029.
Lagfin afirma que no está involucrada en el nuevo procedimiento
Lagfin, que concentra el 80% de los derechos de voto de Campari, emitió un comunicado el 8 de octubre para diferenciar su situación de la de las personas alcanzadas por la solicitud de juicio. La holding sostuvo que el procedimiento en su contra por los mismos hechos fue archivado en julio por prescripción.
«En consecuencia, Lagfin no puede sufrir ninguna pérdida ni perjuicio patrimonial como resultado de los procedimientos mencionados», afirmó la compañía.
La declaración expresa la posición de la holding sobre su exposición al expediente. No debe confundirse el archivo por prescripción que invoca Lagfin con una resolución judicial sobre la inocencia o culpabilidad de Garavoglia y Berto, cuya eventual llegada a juicio aún está pendiente.
Garavoglia, de 57 años, preside el directorio de Campari desde 1994 y es el mayor accionista del grupo a través de Lagfin. Su doble condición de presidente y accionista principal explica la relevancia corporativa del caso, aunque Campari mantiene que la controversia es ajena a la compañía y sus subsidiarias.
La defensa rechaza las acusaciones
El abogado Giuseppe Iannaccone, quien representa a los involucrados junto con Nerio Diodà, expresó ante Reuters su confianza en la defensa.
«El juicio establecerá, más allá de toda duda, que nuestros clientes son inocentes», afirmó Iannaccone.
Ahora corresponde a un juez convocar una audiencia preliminar y decidir si existen fundamentos para enviar a los investigados a juicio o si procede cerrar el caso. La petición de la fiscalía es, por lo tanto, un paso procesal: no implica que el juicio ya haya sido ordenado ni que exista una condena.
Para entender el alcance empresarial de la noticia, la clave es mantener separados tres planos: el acuerdo tributario de Lagfin, la investigación penal sobre las personas señaladas y la actividad de Campari. La resolución del primero no cerró automáticamente el segundo; tampoco permite atribuir al fabricante de bebidas las responsabilidades que los fiscales buscan esclarecer.
