El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se convirtió en el enemigo N° 1 de las entidades burocráticas de la industria vitivinícola argentina que está estancada en exportaciones desde hace 15 años. Entes como la COVIAR y el INV dan pelea junto a algunos bodegueros y políticos aliados para no desaparecer.
Pocos se animan a salir a criticar abierta y públicamente al Gobierno de Javier Milei y a sus ministros. Muchos en Mendoza consideran que perder las entidades rectoras de la industria del vino haría retroceder varios peldaños a la arraigada burocracia que sostiene la política en Mendoza. No son pocos los que se enriquecieron a su costa, son muy pocos los que crecieron con los generosos aportes de entidades manejadas de manera poco transparente y que ahora entrarían en revisión.
Ahora, un borrador de ley impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vuelve a poner a la Coviar en el centro de la escena: el texto propone derogar la ley 25.849, que creó en 2004 a la Corporación Vitivinícola Argentina y le dio sustento legal al siempre cuestionado Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Si avanza, el cambio no solo enterraría el esquema de financiamiento obligatorio que sostuvieron las bodegas durante más de dos décadas, sino que además abriría una nueva etapa de desregulación para toda la cadena del vino.
Qué cambia para Coviar y el vino argentino
La novedad llega después de un primer movimiento oficial: en mayo, la Secretaría de Agricultura dispuso el cierre del PEVI —extendido por la entidad hasta 2030— y suspendió el aporte obligatorio que financiaba las acciones de promoción y desarrollo. Luego, la Justicia Federal hizo lugar a una cautelar presentada por Coviar y dejó esa decisión sin efecto de manera provisoria, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Ahora, el borrador de 144 páginas que circula entre entidades rurales y empresarias incorpora la derogación directa de la norma que dio origen a la corporación. De prosperar, el marco legal de Coviar desaparecería y los fondos remanentes pasarían al INV.
La propuesta también toca el corazón operativo de la vitivinicultura:
- Reduce controles e inspecciones sobre la cadena.
- Flexibiliza prácticas enológicas.
- Cambia el criterio de multas, que pasarían a calcularse sobre el valor del producto.
La medida llega, además, en medio del malestar de bodegas y viñateros por el aumento de aranceles por servicios que presta el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una suba que el sector interpreta como una nueva carga sobre un negocio que ya opera con márgenes ajustados.
El negocio de la promoción, bajo revisión
La discusión sobre Coviar no es solo institucional: también es financiera y comercial. Durante más de 20 años, la corporación articuló a su antojo programas de promoción, innovación, desarrollo tecnológico y apertura de mercados para el vino argentino. Ese esquema se sostuvo con aportes obligatorios de las bodegas, algo que el Gobierno busca reemplazar por una lógica más cercana a la desregulación pura.
Desde la óptica oficial, el argumento es clásico: reducir cargas, eliminar rigideces y dejar que el sector privado decida qué iniciativas quiere financiar. Pero en la industria vitivinícola hay preocupación por el impacto que podría tener una salida abrupta de la estructura que ayudó a sostener la promoción del vino argentino en mercados externos y en la agenda institucional local.
No solo vino: carne, veterinaria y más sectores
El capítulo agropecuario no viene solo. El mismo proyecto incluye cambios en la promoción de la carne vacuna a través del Ipcva: el aporte obligatorio de la cadena bovina sería eliminado y reemplazado por un sistema de adhesión voluntaria.
También propone derogar un artículo de la ley 13.636, que obliga a que cualquier producto veterinario importado —como vacunas o antibióticos— tenga un plazo de 4 años para empezar a fabricarse en la Argentina. Con el cambio, laboratorios internacionales ya no tendrían esa exigencia de producción local.
La reforma más amplia, sin embargo, excede al agro. El paquete impulsado por Sturzenegger también apunta a:
- Liberar el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) y las garrafas.
- Modificar la Ley de Farmacias para que medicamentos de venta libre puedan ofrecerse en otros comercios, como kioscos.
- Flexibilizar la actividad de corredores inmobiliarios.
- Eliminar el precio único del libro.
- Cambiar normas de doblaje audiovisual.
- Abrir el régimen de cabotaje, permitiendo que barcos extranjeros transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos.
Qué mira hoy la vitivinicultura
Para el negocio del vino, lo que está en juego no es un detalle burocrático. Según sus defensores, la Coviar fue durante años una pieza clave de coordinación sectorial pero según sus detractores, su eventual eliminación reordena la relación entre promoción, financiamiento y representación empresaria.
En un contexto donde las exportaciones vitivinícolas buscan recuperar terreno y las bodegas discuten costos, aranceles y competitividad, el debate sobre el futuro de Coviar agrega una capa más de incertidumbre institucional. La pregunta que queda abierta es simple: ¿la desregulación va a liberar al sector o le va a quitar una herramienta de articulación que todavía no encontró reemplazo?
Por ahora, el borrador no ingresó al Congreso, pero ya activó alarmas en cámaras sectoriales, bodegas y productores. Y en la vitivinicultura argentina, cuando se toca el esquema de promoción, financiamiento y control, el impacto trasciende ampliamente la coyuntura política.
