Como si nada, más allá de la culpabilidad o no de la empresa, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó que Refres Now, fabricante de las gaseosas Manaos, deberá pagar 807,6 millones de pesos (U$S 574.000) a un exempleado tras determinar que la empresa incurrió en “maniobras fraudulentas” en su registración laboral, según reveló el fallo.
El máximo tribunal mendocino rechazó un recurso extraordinario federal presentado por Refres Now, con el que la compañía buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. La empresa alegaba que el fallo provincial era arbitrario y violaba garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de propiedad y el equilibrio en la protección laboral.
La Suprema Corte, sin embargo, consideró que no existía “cuestión federal” suficiente para habilitar la intervención del máximo tribunal nacional, ya que el caso se basa principalmente en hechos, pruebas y normas de derecho común, materias propias de la justicia local. Además, señaló que la firma se limitó a repetir argumentos ya analizados y a expresar desacuerdos con la interpretación judicial, sin demostrar arbitrariedad, e incluso planteó algunas cuestiones fuera de plazo.
Con esta decisión, quedó firme una condena que fija una indemnización final de $807,6 millones, compuesta por $223,4 millones de capital y $584,2 millones en intereses moratorios.
El “artilugio” del cambio de categoría y la primacía de la realidad
El conflicto se originó en la demanda de un exvendedor que denunció haber sido forzado a un “despido indirecto” después de años de relación laboral con presuntas irregularidades registrales.
Según la sentencia, en 2018 la empresa utilizó un acuerdo de desvinculación firmado ante el SEClO como un “artilugio” para modificar la categoría del trabajador: pasó de Viajante de Comercio —encuadrado en la Ley 14.546— a “Promotor”, bajo el convenio de Aguas y Gaseosas, menos favorable en términos salariales y de derechos.
Los jueces aplicaron el principio de “primacía de la realidad” y concluyeron que el vínculo laboral nunca se interrumpió. Consideraron probado que la maniobra buscó reducir costos y ocultar la verdadera antigüedad del empleado, que se remontaba a octubre de 2013.
Refres Now cuestionó la nulidad del acuerdo del SEClO, sosteniendo que debía considerarse válido, y además pidió aplicar tasas de interés más bajas, por considerar insuficiente la reducción ya dispuesta. Ninguno de esos planteos prosperó en la Corte mendocina.
Intereses, “trabajador vulnerable” y recalculo de más de $1.200 millones
Uno de los puntos más sensibles del expediente fue la discusión sobre los intereses. En la sentencia de cámara, los accesorios superaban los $1.235 millones, muy por encima del capital.
La Suprema Corte —con votos de los jueces Omar Palermo y Norma Llatser— decidió aplicar la facultad del artículo 771 del Código Civil y Comercial para morigerar las tasas, al entender que el caso no encuadraba en la figura de “trabajador vulnerable”.
El tribunal destacó que el demandante es un empresario con experiencia en la actividad comercial, fundador y propietario de la cadena de supermercados “La Yunta”, con base en San Rafael. Además, percibía una remuneración que superaba en más de 24 veces el índice Ripte de la época.
Bajo ese criterio, concluyeron que la aplicación automática de las tasas provinciales generaba una “desproporción económica” que no se ajustaba a la realidad del caso, y recalcularon los intereses, reduciendo casi a la mitad el monto de la condena:
- Capital: $223,4 millones
- Intereses moratorios: $584,2 millones
- Total: $807,6 millones (casi 50% menos que los $1.235 millones previos en accesorios).
Por otro lado, la Corte rechazó el pedido de Refres Now de pagar la indemnización en cuotas, argumentando que esa instancia de negociación ya había sido intentada sin éxito entre las partes durante el proceso judicial.
La respuesta de Orlando Canido: “No tiene ningún sentido”
Tras el primer fallo de la Corte provincial —antes de este rechazo al recurso federal—, el fundador y titular de Refres Now, Orlando Canido, cuestionó duramente la sentencia en declaraciones a La Nación.
“Es una desproporción total. No puede ser que una persona trabaje seis años con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnización. Así nadie va a contratar a nadie”, afirmó el empresario.
Aun así, reconoció que deberá acatar lo resuelto: “Pero bueno, es lo que resolvió la Justicia. Él tiene derecho a hacer el juicio y lo manejarán los abogados; y si no, pagaré, qué voy a hacer. Pero no tiene ningún sentido”.
Sus palabras sintetizan el punto de fricción central del caso: para la Justicia mendocina hubo maniobras fraudulentas y una indemnización que se moderó por la vía de los intereses; para el dueño de Manaos, el resultado sigue siendo un monto “desproporcionado” que, en su visión, desalienta la contratación formal.
Manaos, un jugador clave que ya arrastra otros antecedentes
El fallo llega en un momento en que Manaos —marca fundada por Orlando Canido en 2004— se consolidó como uno de los principales actores de bebidas gasificadas de bajo y medio costo en la Argentina, con una fuerte presencia en el conurbano bonaerense y el interior del país.
La trayectoria de Canido en el sector se extiende por más de 50 años: antes de crear Refres Now, fue distribuidor de cerveza Bieckert y vino Crespi, y trabajó con compañías como Coca‑Cola y Pepsi, hoy sus principales competidores. También participó en la comercialización de Sao, una línea de gaseosas de bajo costo elaborada por San Isidro Refrescos, un antiguo embotellador de Coca‑Cola.
En 2025, Manaos volvió a aparecer en los titulares por la compra de la firma dueña de las marcas Cunnington y Neuss, operación que reforzó su peso en el segmento de bebidas económicas.
La condena confirmada ahora por la Suprema Corte de Mendoza suma un capítulo relevante en materia de riesgo laboral y regulatorio para la compañía y se vuelve un caso de referencia para todo el sector de bebidas del Cono Sur, donde las prácticas de registración, encuadre convencional y acuerdos ante organismos de conciliación están cada vez más bajo la lupa.
Para Manaos, la discusión judicial parece haber llegado a su fin en el plano local. Queda por verse cómo impactará un pago de $807,6 millones —sin posibilidad de financiamiento en cuotas— en la estrategia financiera y de expansión de una de las pocas marcas nacionales que disputan cuota de mercado a las multinacionales de bebidas en la Argentina.
