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El directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) decidió destinar una ayuda a los productores afectados por el déficit hídrico durante la cosecha de 2023. La merma en la producción ronda el 30%. En las próximas semanas definen con las gremiales mecanismo de distribución de las partidas.

Luego de las movilizaciones gremiales de las últimas semanas, el Directorio del INAVI se reunió en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, donde estuvieron presentes, además, el titular del organismo, Ricardo Cabrera, y representantes del Poder Ejecutivo, así como de las gremiales del sector.

Mattos informó que se resolvió, por mayoría, destinar una partida de 60.000.000 de pesos del fondo de protección integral de viñedos, que administra el Inavi, para atender a los productores damnificados por la sequía que afecta al país.

El jueves 20, productores del Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) se manifestaron en la ruta frente al INAVI, en la ruta 48 casi Ruta 5.

En esta zafra, hubo un perjuicio real que probablemente implique consecuencias en el futuro, expresó. En los últimos años, la producción de los viñedos fue de entre 90.000.000 y 105.000.000 de kilogramos, y en 2023 se redujo a 70.000.000, cerca de un 30% menos, agregó. Sin embargo, aclaró, la situación es variable, ya que no todos los productores se vieron afectados de la misma forma.

Aún resta definir el criterio para el desembolso de la partida, explicó Mattos. Si bien el instituto propuso contemplar la cantidad de hectáreas, para beneficiar a los productores “que tienen menos espalda”, algunas gremiales plantearon considerar los kilogramos de uvas que se perdieron. Los integrantes acordaron abrir una semana de discusión para alcanzar un consenso.

En cualquier caso, se procurará un manejo responsable de los recursos, acotó el jerarca. Sobre este punto, indicó que hay un remanente de 20.000.000 de pesos, que podrán utilizarse en caso de que ocurra otra inclemencia climática.

Con la decisión, se suma una nueva medida de apoyo del Gobierno nacional al sector productivo, para afrontar la peor sequía que el país ha vivido en 100 años, expresó Mattos, y recordó que se encuentra vigente la ayuda con créditos a cinco años y dos de gracia, y cero por ciento de interés. “No puede quedar ningún productor por el camino”, finalizó.

Más allá de los datos difundidos por el ente gubernamental, Aramir Silva, secretario general del Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) dijo que “hay una merma productiva del 40% en kilos de uva. Quiere decir que si en la cosecha anterior se sacaron 106 millones de kilos, este año fueron menos de 70 millones. Entonces hubo una pérdida importante de uvas que sale del viticultor y de la pequeña y mediana industria que no logró sacar una cosecha normal”.

“Acá no se trata solo de los 700 productores afectados, también de la pequeña y mediana industria que está en una crisis y necesita ser ayudada para seguir trabajando”, enfatizó.

Sobre la indemnización estimada que reclamaban los productores, totaliza “un monto entre 65 y 67 millones de pesos -no los 60 comprometidos ahora-, y el Fondo del Granizo tiene 75 millones. Quiere decir que si se destinan 40 o 45 millones del Fondo y se deja el resto como reserva, se pueden aplicar algunas medidas para comenzar el resto permitiendo que el sector siga trabajando”.

La cifra en cuestión de menos de 70 millones de pesos “no es exorbitante y no genera gastos importantes al Gobierno porque los recursos están”, aseguró.


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