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Un informe de la Comisión de Competencia de la India ha descubierto pruebas de que las principales figuras de Carlsberg, SABMiller (desde hace dos años propiedad de AB InBev) y United Breweries se coludieron vía whatsapp para fijar los precios de la cerveza durante 11 años.

Altos ejecutivos de Carlsberg, SABMiller y United Breweries (UB) de India intercambiaron información comercialmente sensible y se confabularon para fijar los precios de la cerveza en India durante 11 años, según un informe de investigación antimonopolio del gobierno visto por la agencia de noticias Reuters. El informe de 248 páginas fue escrito después de que se iniciara una investigación antimonopolio en 2018.

A pedido de otra compañía de la industria, la Comisión de Competencia de la India (CCI) allanó las oficinas de las tres cerveceras y comenzó una investigación. Los hallazgos de la investigación, que no son un juicio final de irregularidades, proyectan una sombra sobre las cerveceras, que representan el 88% del mercado de cerveza de India por valor aproximado de los 7.000 millones millones de dólares.

La entidad y sus miembros en la mira.

Más allá de la enorme cantidad de pruebas halladas, el informe en sí no significa que el asunto sea una sentencia para los ejecutivos de las compañías. El informe detalla las conversaciones en forma de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos entre los principales ejecutivos de Carlsberg, SABMiller (ahora propiedad de AB InBev) y United Breweries de India, que comparten información comercialmente confidencial para fijar el precio de la cerveza. en ciertos estados de la India.

Según Reuters, el informe mostró que los cerveceros utilizaron el grupo industrial All India Brewers Association (AIBA) como una “plataforma común” para determinar colectivamente los precios de la cerveza. Luego de acordar precios entre ellos, coordinaban formas y métodos para presionar al Estado y así obtener los aumentos de precios acordados.

En el informe también se encontraron mensajes comprometedores donde al menos en tres oportunidades, los involucrados se habían enviado mensajes instando a los demás a mantener los acuerdos en silencio.

Luego de preguntados por los medios locales e internacionales, los ejecutivos protagonistas del escándalo económico y financiero, se negaron a hacer comentarios sobre el proceso y sus detalles y los que contestaron solo manifestaron estar cumpliendo con los trámites burocráticos y cumpliendo con los requerimientos de las autoridades.

Así como la entidad estatal CCI no respondió a las consultas de Reuters, las entidades a las que pertenecen los ejecutivos decidieron mantener la misma actitud, tal el caso de el grupo de presión AIBA y Carlsberg que se negaron a comentar, citando los procedimientos en curso de la CCI.

Una de las marcas más representativas de SABMiller India.

United Breweries, de propiedad parcial de Heineken, dijo que había cooperado con las autoridades y que presentaría informes a la CCI. Heineken no respondió a las solicitudes de comentarios.

Distinto es el casi de la cervecera más grande del mundo, Anheuser-Busch InBev, que adquirió SABMiller en 2016, y de manera muy firme que se toma “muy en serio el cumplimiento de las leyes antimonopolio”.

La investigación

Las redadas de CCI en 2018 incautaron cientos de archivos y más de 2 terabytes de datos de computadoras portátiles, pendrives y teléfonos inteligentes.

El caso se desencadenó cuando AB InBev utilizó el “programa de clemencia” de CCI para revelar que había detectado un cártel mientras estaban en proceso las operaciones para la compra de SABMiller en la India. Más tarde, enterados de la denuncia, ese mismo año, UB y Carlsberg también presentaron solicitudes de clemencia.

Según el programa, la CCI puede reducir las sanciones que impone a las empresas en función de la cooperación que brinden. Se cree que alrededor de 19 ejecutivos de cerveceras están implicados en las prácticas monopólicas, señala el informe, mientras que las fuentes dijeron a Reuters que si se prueba la culpabilidad, las multas podrían superar los 250 millones de dólares. La evidencia data de 2007 a octubre de 2018.


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