El gobierno francés ha anunciado un fondo de 160 millones de euros para ayudar a los vitivinicultores a hacer frente a la sobreoferta de vino y ha aprobado en principio el arranque de los trabajos en la vid. En Burdeos consideran la medida insuficiente y dicen estar dispuestos a “morder”.
El Ministro de Agricultura anunció este lunes una campaña de ayuda a la industria del vino de 160 millones de euros, para apoyar a los viticultores que se enfrentan a una crisis de sobreproducción, una medida calificada como insuficiente por parte de algunos protagonistas de una actividad que exporta más de 10.000 millones de euros anuales, “unos miles de euros para aguantar dos o tres meses más, pero eso es todo”.
“El sector vitivinícola atraviesa actualmente una crisis cíclica en el contexto de la inflación vinculada a la guerra de Ucrania, que agrava las dificultades estructurales en determinadas zonas vitícolas y colores del vino”, escribió el ministro, Marc Fesneau, en un comunicado.
En la región de Burdeos, el mayor viñedo DOC de Francia, con sus 110.000 hectáreas cultivadas, el 85% de las cuales son tintas, las denominaciones menos prestigiosas sufren especialmente el hundimiento de los precios y la sobreproducción, estimada en un millón de hectolitros.
Para apoyar al sector, “de gran importancia para la economía francesa”, se lanzará “este verano” una “campaña de destilación” gracias a la liberación “dentro de los límites de los importes autorizados por las disposiciones europeas” de “40 millones de euros de créditos nacionales completados con 40 millones de euros de la dotación europea de financiación (FEAGA)”, según Fesneau.
Una segunda campaña de destilación podría organizarse “a partir de octubre (…) para alcanzar un máximo de 160 millones de euros en 2023”, según el ministro Fesneau.
Esto es parte de las medidas tomadas durante la pandemia de Covid -el verano del 20202-, en las que se concedía financiación para que los viticultores vendieran sus excedentes para destilarlos en alcohol para fabricar bioetanol, perfumes o gel hidroalcohólico debido al cierre del off-trade.
El Ministro también recordó que el Gobierno había prorrogado el plan de préstamos con garantía estatal (PGE) hasta finales de 2023 y aseguró que también se abrirán “en los próximos días” dos nuevas ventanillas de ayudas para inversiones en protección contra riesgos climáticos, dotadas con “un total de 40 millones de euros”.
Para tratar de conformar a los bodegueros, también “se están estudiando vías en torno a la movilización de las herramientas del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para la diversificación agrícola, la renovación generacional y el arranque sanitario en el marco de un programa interprofesional de erradicación de la flavescencia dorada” para ayudar a los viticultores “a partir de 2023”, especialmente en la región de Burdeos.
Hay que tener en cuenta que uno de cada tres viticultores bordeleses se declara “en dificultades”, según un estudio publicado a finales de enero por la Cámara de Agricultura de Gironde tras una manifestación que reunió a más de 1.000 personas en Burdeos a principios de diciembre.
El colectivo “Viti 33” de Burdeos, que reclama el arranque de al menos 15.000 hectáreas de viñedo, con una prima de 10.000 euros/hectárea, considera que la destilación “no resolverá en absoluto la situación de Burdeos” con “24 meses de almacenamiento en las bodegas”.
“Va a ganar un poco de dinero, unos miles de euros para durar dos o tres meses más, pero eso es todo”, declaró a la AFP su presidente, Didier Cousiney.
Según él, si no se decide reducir “la producción en Burdeos, estamos abocados al desastre el año que viene o dentro de dos años”, con “dramas familiares y humanos” como consecuencia de la declaración de quiebra.
“La destilación no es más que un escaparate para hacernos esperar. Sólo acariciar al perro para que no muerda”, añadió el Cousiney, quien afirmó que los viticultores bordeleses están decididos a hacerse oír de nuevo pronto.
Ante la impaciencia de los productores, las autoridades también están considerando extender el tiempo para pagar los préstamos gubernamentales tomados durante Covid, según dicen en FranceAgriMer, les gustaría que se extendiera a diez años.