¿Quién manda en la COVIAR? se preguntan en las bodegas. El ajuste decidido de manera inconsulta por la Corporación Vitivinícola Argentina desata un fuerte rechazo del Gobierno Nacional, Mendoza y San Juan, y suma el duro cuestionamiento de Bodegas de Argentina, que advierte sobre el impacto fiscal y legal de la medida.
La industria vitivinícola argentina enfrenta una nueva tormenta tras la decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) de aplicar un aumento del 45% en las contribuciones obligatorias que deberán abonar bodegas y productores durante 2025. Esta suba, oficializada en el Acta N°187/2025 y publicada en el Boletín Oficial, profundizó las tensiones institucionales y reabrió el debate sobre la legitimidad y el alcance fiscal de este aporte.
El rechazo oficial y la puja política
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación fue contundente en su comunicado: “La Secretaría manifiesta su desacuerdo con la Resolución mediante la cual se incrementa en un 45% las alícuotas de las contribuciones obligatorias que gravan la producción vitivinícola”. Además, anticiparon que se adoptarán todas las medidas necesarias para frenar el incremento, dejando constancia oficial de que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , que representa al Gobierno dentro de la Coviar, votó en contra del ajuste y se desmarcó del consenso que la entidad aseguraba tener.
El Gobierno remarcó que la Coviar es un ente público-privado compuesto mayoritariamente por el sector privado (13 de 18 miembros), con presencia de funcionarios provinciales y nacionales, quienes, en esta oportunidad, marcaron distancia del aumento. Desde el Ministerio de Producción de Mendoza también se declaró la preocupación, apuntando que la medida “impacta directamente en productores y bodegas”.
Las cifras y los argumentos encontrados.
El ajuste, argumentado por Coviar como un “índice corrector” en línea con la inflación, prevé que en 2025 la alícuota sobre la producción y comercialización de vinos, mostos y pasarás suba un 45% . Esto significa que, por ejemplo, los nuevos valores serán de $0,847979 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado o virgen , y $4,382024 por litro de mosto concentrado , entre otros valores discriminados por producto. No obstante, el Observatorio Vitivinícola había sugerido un aumento aún mayor (71,4%) según el índice técnico, aunque el directorio decidió aplicar solo parte de ese ajuste por la “desinflación paulatina” y las dificultades sectoriales.
Desde Coviar sostienen que la suba es indispensable “para sostener la promoción y el desarrollo del sector”. Sin embargo, Bodegas de Argentina y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) arremetieron: “El argumento de una ‘desinflación paulatina’ utilizado por Coviar para justificar el aumento resulta desafortunado frente a los indicadores reales del mercado” .
Bodegas, cámaras y provincias: un mismo frente crítico
Bodegas de Argentina se mostró especialmente dura, cuestionando incluso la legalidad de la medida. Recordó que el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), base para estas contribuciones, expiró, y que las empresas, aunque institucionalmente desafiliadas de Coviar desde 2019, deben seguir pagando “bajo pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV en caso de incumplimiento”. “La presión fiscal ya alcanza niveles alarmantes, con una carga total estimada del 43%. El aumento representa una carga adicional injustificada”, señaló la entidad empresaria en su comunicado, reafirmando su “profunda preocupación y absoluto rechazo”.
Desde la Cámara Vitivinícola de San Juan también sumaron su voz pidiendo la suspensión “provisoria o definitiva” del ajuste, advirtiendo el deterioro de los precios, graves problemas para liquidar obligaciones financieras y la dificultad para vender las acciones habituales en este ciclo.
Un horizonte incierto para la vitivinicultura argentina
El conflicto desatado por el aumento del 45% en las contribuciones —que se suman a una ya abultada carga fiscal para bodegas y productores, y afecta a toda la cadena de valor— pone en evidencia un sector atravesado por crisis de demanda, dificultades exportadoras y debates internos no resueltos sobre la representatividad y la legitimidad de sus entidades. Como sintetizan desde Copal, “El futuro del vino argentino no se defiende exprimiendo a quienes lo hacen posible, sino apostando por políticas que lo fortalezcan”.
En el epicentro de la tormenta, la vitivinicultura argentina debate cómo financiar su crecimiento y su proyección internacional con el menor costo social y fiscal posible, en medio de reclamos de sostenibilidad, diálogo y consenso que aún parecen lejanos.
