Tras la derogación de más de 900 normas por la resolución INV 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), provincias y cámaras vitivinícolas advierten que la eliminación del CIU y del CEC 05 “debilitan gravemente” la trazabilidad del sector. No queda claro si esta es una nueva movida política para proteger intereses de unos pocos.
Varias entidades representativas de la cadena vitivinícola argentina elevaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la preservación de los instrumentos de trazabilidad que consideran esenciales para la seguridad jurídica, la calidad y la transparencia del sector. El reclamo llega luego de la puesta en marcha de la resolución INV 37/2025, que reformuló el digesto normativo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), derogando más de 900 normas, reduciendo controles intermedios y flexibilizando certificaciones históricas.
El documento fue firmado por los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa (8 provincias) y por cámaras y asociaciones clave: Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Acovi, la Federación de Cámaras Vitícolas, la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Cámara Argentina de Vinos a Granel y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
“La piedra angular” y la necesidad de continuidad
Los firmantes respaldaron las reformas orientadas a la “eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y fiscalización de la vitivinicultura”, pero marcaron límites claros: dichas reformas deben garantizar “la calidad, genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas” y “respetar los derechos de propiedad de quienes participan en la cadena de valor”.
En el centro del rechazo figuraron dos instrumentos administrativos: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros. Sobre el CIU, la carta subraya que el formulario es “la piedra angular del ordenamiento de la producción primaria” y “la única constancia fehaciente que certifica con reconocimiento bilateral el ingreso real de la uva al lugar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega”. Según los firmantes, su obligatoriedad garantizó “transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica, especialmente para los productores que elaboran bajo el régimen de maquila”.
Respecto al CEC 05, el texto lo define como el formulario que “da continuidad y validez administrativa a la información consignada en el CIU, registrando de manera precisa los volúmenes elaborados y las titularidades correspondientes”, un registro indispensable para “identificar correctamente la producción de terceros, asegurar su disponibilidad y respaldar documentalmente sus derechos”.
Ambos instrumentos fueron calificados por las entidades como “la columna vertebral de la trazabilidad vitivinícola, entendida como la capacidad de reconstruir con precisión y confiabilidad el recorrido completo de la uva y sus derivados desde el viñedo hasta el consumidor final”.
Consecuencias: fragmentación de la trazabilidad y certezas en disputa
La carta enumera los argumentos por los que resulta imprescindible sostener el esquema: la trazabilidad, sostienen, permite “garantizar la calidad, autenticidad y genuinidad de los productos vitivinícolas”, “resguardar la propiedad y la participación real de cada actor en la cadena”, “sostener la integridad estadística del INV”, “mantener estándares internacionales de control, identificación y registro” y “brindar confianza plena a los consumidores y mercados, tanto internos como externos”.
Los firmantes advierten que “la eliminación del CIU y la ausencia del CEC 05 debilitan gravemente este sistema integral, fragmentan la trazabilidad y generan incertidumbre, afectando la seguridad jurídica de miles de productores y el funcionamiento ordenado de la cadena vitivinícola”. Por ello consideran “indispensable asegurar la plena continuidad del CIU y del CEC 05 como herramientas esenciales para garantizar una trazabilidad completa, verificable y jurídicamente sólida” en toda la cadena.
Un llamado a equilibrar desregulación y protección del sistema
El reclamo colectivo expone una tensión central: la búsqueda de desburocratización y eficiencia administrativa por parte del INV contrasta con la demanda de productores y autoridades provinciales por mantener controles que aseguren derechos, trazabilidad y acceso a mercados. La carta al ministro Caputo busca que el proceso de modernización normativa no sacrifique los mecanismos que, según el sector, sostienen la transparencia, la competitividad y la confianza en el producto argentino.
Para la industria, la discusión no es solo técnica: implica justicia contractual entre cosechadores y elaboradores, integridad de las estadísticas oficiales y cumplimiento de estándares que los mercados externos suelen exigir. En ese punto los firmantes exigen una garantía explícita: preservación de los instrumentos CIU y CEC 05 o, de lo contrario, alternativas que reemplacen su función con la misma validez jurídica y operativa.
