El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acusó a la Asociación de Viñateros de Mendoza y a sectores vinculados a José “Pepe” Zuccardi de intentar frenar las medidas de apertura en la industria. El debate por el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) expone las tensiones entre los nuevos libertarios y una parte tradicional del negocio del vino argentino fuertemente vinculado a la política.
En un nuevo capítulo de la cruzada desreguladora del gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó fuertes críticas contra un sector de la dirigencia vitivinícola. En un extenso posteo en la red X, el economista apuntó directamente contra la Asociación de Viñateros de Mendoza y contra José “Pepe” Zuccardi, ex presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), a quienes acusó de intentar mantener “mecanismos de control y cartelización” dentro del mercado del vino.
“Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón”, comenzó Sturzenegger, comparando la reacción del gremio con la de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando el gobierno habilitó a los clubes a convertirse en sociedades anónimas. Para el ministro, “no querían que los socios pudieran elegir”, del mismo modo que los viñateros pretenden impedir que algunos productores decidan prescindir del Certificado de Ingreso de Uva (CIU).
El CIU es un documento que históricamente sirvió para registrar el movimiento de uva dentro del país. Hasta 2024 su presentación era obligatoria, pero con el Decreto 70/23 y la posterior resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el trámite pasó a ser opcional. “El 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el CIU luego no lo usaban. Por eso, justamente lo hicimos opcional”, justificó Sturzenegger.
Para el funcionario, la oposición a la medida encubre intereses políticos y económicos. Según escribió, la Asociación de Viñateros de Mendoza presentó un recurso en el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza para que el CIU vuelva a ser obligatorio. “¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no?”, planteó.
Detrás de esa “curiosidad”, el ministro sugiere dos motivos: primero, el uso del CIU como “mecanismo de control del mercado” que facilitaría “la cartelización y las prácticas anticompetitivas”. Y segundo, el rol de COVIAR, que según Sturzenegger “sigue cobrando (ilegítimamente, a mi entender) un impuesto privado a la industria”, algo que sería más difícil de recaudar sin el registro unificado de uvas.
El mensaje también incluyó un repaso histórico de la relación entre la vitivinicultura y el Estado. Sturzenegger recordó que en 1934 el presidente Agustín P. Justo prohibió la producción fuera de Cuyo y que el Ejército llegó a destruir bodegas en Entre Ríos. “Como un recordatorio a ese ‘vinicidio’, la bodega entrerriana BordeRío decidió llamar a su línea de vinos ‘Injusto’”, escribió, trazando un paralelismo entre aquella política y lo que considera hoy “un nuevo intento de daño desde la regulación”.
En tono político, el ministro reafirmó su alineamiento con Milei y su objetivo de reducir la intervención estatal: “Decimos con el presidente Javier Milei que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero. Esperemos la justicia se ponga del lado de la producción y la libertad”.
El debate llega en un momento clave para el sector. La vitivinicultura argentina, que generó exportaciones por más de 800 millones de dólares en 2024, enfrenta costos crecientes, caída del consumo interno y tensiones entre productores tradicionales y nuevos emprendimientos orientados a la exportación. COVIAR, organismo mixto creado en 2003, concentra un papel central en la Estrategia Vitivinícola 2030, pero su legitimidad fue cuestionada incluso desde adentro del sector por la falta de renovación de autoridades.
Mientras tanto, más de 50 bodegas y productores de San Juan manifestaron su apoyo a la desregulación del INV, según el diario De Cuyo, respaldando la postura oficial. Esa división evidencia una grieta dentro de una industria que genera alrededor de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El enfrentamiento entre Sturzenegger y Zuccardi, dos figuras con trayectorias muy distintas, simboliza el pulso que atraviesa toda la economía argentina: entre la lógica corporativa del pasado y la visión libertaria que promueve el actual gobierno. El desenlace judicial sobre el CIU podría ser apenas un episodio más en la pelea por el modelo de gestión del vino argentino.
Hasta entonces, el ministro cierra su mensaje con tono de brindis y de advertencia: “La batalla contra la casta es a lo que nos llamó el Presidente. Será justicia. Salud (y VLLC!)”.
Mientras tanto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no emitió ninguna opinión sobre el tema en ningún medio y tampoco en sus redes sociales donde suele ser muy activo comunicacionalmente desde su cuenta de X @alfredocornejo.
A partir de este informe, productores y expertos del sector dieron a conocer su opinión que serán compiladas en un próximo artículo de Negocios Líquidos.
