Provincias, cámaras y cooperativas presentan una acción judicial para suspender desde el 1° de enero la reforma que elimina controles clave; advierten que sin trazabilidad se pone en juego la Indicación Geográfica y U$S 800 millones en exportaciones.
La disputa por el futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desembocó en los tribunales. Una amplia coalición del sector vitivinícola —cámaras, cooperativas, productores primarios y gobiernos provinciales de Mendoza y San Juan— presentará un amparo colectivo ante la Justicia Federal para pedir la suspensión de la Resolución 37/2025, publicada el 7 de noviembre de 2025, que deroga 973 normas históricas y redefine de modo drástico el rol fiscalizador del INV.
Si la reforma se aplica según lo previsto por el gobierno, desde el 1 de enero de 2026 el INV —organismo con sede en Mendoza y 420 empleados— dejaría de fiscalizar etapas iniciales e intermedias de la cadena (cosecha, transporte, elaboración y fraccionamiento) y se concentraría únicamente en el control del producto final embotellado mediante muestreos y análisis de laboratorio. El Ejecutivo, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa: “lo que creemos es que no hay que regular con la idea de que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente… está acá para armar una industria exitosa”.
Qué se elimina y por qué alarma al sector
La reforma incluye la eliminación o flexibilización de trámites y controles que el sector considera centrales para la trazabilidad y la seguridad jurídica:
- 140.000 permisos de tránsito anuales (emitidos en 2024).
- Fin de la Declaración Jurada semanal de elaboración.
- El Certificado de Ingreso de Uva (CIU) deja de ser obligatorio y pasa a ser optativo.
- Certificaciones obligatorias de origen, añada y varietal para el mercado interno.
- Cese de aproximadamente 5.000 inspecciones presenciales anuales en bodegas.
Los firmantes del amparo sostienen que estas herramientas —especialmente el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05)— son la “columna vertebral de la trazabilidad vitivinícola”, pues permiten reconstruir con precisión el recorrido de la uva y sus derivados desde el viñedo hasta el consumidor final y sustentan la protección de derechos de propiedad entre cosechadores, elaboradores y terceros.
Riesgos: pérdida de Indicación Geográfica y confianza de mercados
La oposición a la reforma sostiene que la medida pone en riesgo la Indicación Geográfica (IG), uno de los activos intangibles que permitieron al vino argentino consolidar su reputación internacional y sostener exportaciones por más de U$S 800 millones anuales. En palabras de José Zuccardi, presidente de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar): “Están desregulando el vino como si fuera acero o tráfico fluvial. El vino es un producto vivo, con origen geográfico determinante. Esta desregulación indiscriminada amenaza décadas de construcción institucional y puede derivar en pérdida de identidad y hasta informalización”.
Los demandantes pedirán en la Justicia una medida cautelar que suspenda la entrada en vigencia de la Resolución 37/2025 hasta que se resuelva el fondo del asunto; si prospera la cautelar, la cosecha 2026 se realizaría bajo el régimen anterior. Si se rechaza, a partir del 1 de enero regirá el esquema de control mínimo, con certificaciones voluntarias y declaraciones juradas digitales como únicas garantías de origen.
Quiénes están del lado del amparo —y quién apoya la reforma
La presentación tendrá el respaldo de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas), Fecovita (Federación de Cooperativas), el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Juan. Todos ellos liderados por quien dirigió durante
En el extremo opuesto, Bodegas de Argentina —la cámara de las grandes exportadoras— manifestó apoyo sin reservas a la reforma.
Un debate que trasciende lo técnico
Detrás del choque hay dos visiones: por un lado, la apuesta oficial por una “modernización histórica” que reduce en 80% la normativa vigente y busca armonizar el esquema argentino con países que controlan solo el producto terminado; por el otro, la demanda del sector por preservar instrumentos que, según sus protagonistas, garantizan “calidad, genuinidad, seguridad jurídica y estándares internacionales” para el vino argentino.
La Justicia Federal de Mendoza será la instancia definitoria de este pulso. El fallo no solo decidirá la aplicación de normas administrativas: determinará el modelo de gobernanza, la confianza del mercado y posiblemente el rumbo de una industria que representa identidad, empleo y divisas para el país.
