La disputa por el futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) desembocó en los tribunales. Una amplia coalición del sector vitivinícola —cámaras, cooperativas, productores primarios y gobiernos provinciales de Mendoza y San Juan— presentará un amparo colectivo ante la Justicia Federal para pedir la suspensión de la Resolución 37/2025, publicada el 7 de noviembre de 2025, que deroga 973 normas históricas y redefine de modo drástico el rol fiscalizador del INV.
Si la reforma se aplica según lo previsto por el gobierno, desde el 1 de enero de 2026 el INV —organismo con sede en Mendoza y 420 empleados— dejaría de fiscalizar etapas iniciales e intermedias de la cadena (cosecha, transporte, elaboración y fraccionamiento) y se concentraría únicamente en el control del producto final embotellado mediante muestreos y análisis de laboratorio. El Ejecutivo, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa: “lo que creemos es que no hay que regular con la idea de que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente… está acá para armar una industria exitosa”.
La reforma incluye la eliminación o flexibilización de trámites y controles que el sector considera centrales para la trazabilidad y la seguridad jurídica:
Los firmantes del amparo sostienen que estas herramientas —especialmente el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05)— son la “columna vertebral de la trazabilidad vitivinícola”, pues permiten reconstruir con precisión el recorrido de la uva y sus derivados desde el viñedo hasta el consumidor final y sustentan la protección de derechos de propiedad entre cosechadores, elaboradores y terceros.
La oposición a la reforma sostiene que la medida pone en riesgo la Indicación Geográfica (IG), uno de los activos intangibles que permitieron al vino argentino consolidar su reputación internacional y sostener exportaciones por más de U$S 800 millones anuales. En palabras de José Zuccardi, presidente de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar): “Están desregulando el vino como si fuera acero o tráfico fluvial. El vino es un producto vivo, con origen geográfico determinante. Esta desregulación indiscriminada amenaza décadas de construcción institucional y puede derivar en pérdida de identidad y hasta informalización”.
Los demandantes pedirán en la Justicia una medida cautelar que suspenda la entrada en vigencia de la Resolución 37/2025 hasta que se resuelva el fondo del asunto; si prospera la cautelar, la cosecha 2026 se realizaría bajo el régimen anterior. Si se rechaza, a partir del 1 de enero regirá el esquema de control mínimo, con certificaciones voluntarias y declaraciones juradas digitales como únicas garantías de origen.
La presentación tendrá el respaldo de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas), Fecovita (Federación de Cooperativas), el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Juan. Todos ellos liderados por quien dirigió durante
En el extremo opuesto, Bodegas de Argentina —la cámara de las grandes exportadoras— manifestó apoyo sin reservas a la reforma.
Detrás del choque hay dos visiones: por un lado, la apuesta oficial por una “modernización histórica” que reduce en 80% la normativa vigente y busca armonizar el esquema argentino con países que controlan solo el producto terminado; por el otro, la demanda del sector por preservar instrumentos que, según sus protagonistas, garantizan “calidad, genuinidad, seguridad jurídica y estándares internacionales” para el vino argentino.
La Justicia Federal de Mendoza será la instancia definitoria de este pulso. El fallo no solo decidirá la aplicación de normas administrativas: determinará el modelo de gobernanza, la confianza del mercado y posiblemente el rumbo de una industria que representa identidad, empleo y divisas para el país.
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