El sector vitivinícola argentino atraviesa un momento de transformación decisiva. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) oficializó la Resolución 20/2025, publicada en el Boletín Oficial, que introduce una serie de cambios profundos en los procedimientos de importación de vinos y productos vitivinícolas. El objetivo: modernizar, desburocratizar y adaptar la industria local a la dinámica global, sin descuidar los controles de calidad.
“Esta actualización normativa elimina exigencias redundantes y acelera los procedimientos administrativos del organismo nacional”, destaca el comunicado oficial del INV, subrayando la intención de facilitar el comercio y responder a los principios de eficiencia estatal promovidos por el Gobierno nacional.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del requisito obligatorio de certificados analíticos para productos provenientes de países con acuerdos técnicos con Argentina, en el marco del Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV) y la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Ahora, solo se exigirá documentación analítica cuando esté en juego la salud o la seguridad del consumidor.
En la práctica, los vinos fraccionados que lleguen desde naciones con acuerdos bilaterales podrán ingresar al país mediante una simple declaración jurada electrónica de importación. Ya no será necesario presentar análisis de laboratorio del país de origen, lo que representa un ahorro de tiempo y costos para los importadores. Para los productos a granel, sí se mantiene la exigencia de un certificado que detalle, entre otros aspectos, las variedades de uva utilizadas en la elaboración.
La nueva normativa también aborda la trazabilidad y el etiquetado de los productos importados. Todos los vinos deberán cumplir con los requisitos vigentes para los vinos nacionales, sumando la inclusión de la razón social del importador, número de lote y domicilio. Sin embargo, ya no será obligatorio mostrar el número de análisis de libre circulación o del país de origen en la etiqueta.
Además, si el importador no cuenta con certificaciones de origen, podrá solicitar al INV la toma de una muestra de control para validar la aptitud del producto. “Esto permite validar la aptitud del producto sin frenar los tiempos de importación, lo que representa una mejora significativa en los procesos logísticos del sector”, señala la resolución.
La Resolución 20/2025 no llega sola. Se complementa con otras medidas recientes del INV, como la Resolución 17/2025, que reconoce certificaciones nacionales e internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y las Resoluciones 18 y 19/2025, orientadas a simplificar la trazabilidad del alcohol etílico destinado a biocombustibles.
Estas acciones consolidan un enfoque estatal que integra competitividad, calidad y apertura comercial, facilitando el ingreso de productos al país y favoreciendo la inversión extranjera. Todo esto, en el marco de las facultades conferidas al INV por las Leyes N° 14.878 y N° 24.566, que regulan el comercio e industria del vino y del alcohol etílico.
La Resolución 20/2025, firmada por Carlos Raúl Tizio Mayer (en la foto principal), presidente del INV, deroga varias normas anteriores, unifica criterios y adapta la normativa vigente a los nuevos desafíos del comercio internacional. El mensaje es claro: Argentina busca un sector vitivinícola más ágil, competitivo y alineado con el mundo y no “sobreprotegido del mundo”.
Con estas medidas, la industria nacional enfrenta el reto de competir en un mercado cada vez más abierto, donde la calidad y la eficiencia serán las claves para sostener el liderazgo argentino en el universo del vino.
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