El Consejo de Ministros de España ha aprobado el decreto para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en el sector vitivinícola, que contará con ayudas por valor de 202,1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027, más de 40 millones de euros anuales.
Casi un sueño para economías sudamericanas. En España, el gobierno reconoce la importancia de la industria vitivinícola y su portavoz, Isabel Rodríguez, anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el importante aporte del estado español a la industria. si los 202,1 millones de euros aprobados se dividen entre 2023 y el 27, son más de 40 millones de euros cada año, importantísimo no solo en tiempos de crisis sino además en tiempos donde la industria crece y devuelve con creces cada billete invertido.
La portavoz ha destacado la importancia de este sector para fijar población en el territorio rural, ya que genera casi medio millón de empleos en España, tercer productor mundial y segundo mayor exportador.
Rodríguez ha explicado que el nuevo decreto acomoda la normativa sectorial a la nueva PAC, que entrará en vigor en enero del próximo año, y en ese sentido recoge las nuevas exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático.
“Se trata de atender las necesidades que hemos detectado con el sector para mejorar en materia de competitividad y alcanzar los objetivos de la PAC” relacionados con la sostenibilidad, ha afirmado la portavoz.
Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los tipos de intervención elegidos por España para cumplir los objetivos específicos para el sector del vino están relacionados con la reestructuración y reconversión de viñedos, entre otros.
También se incluyen las inversiones en instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, además de la cosecha en verde, la destilación de subproductos de la vinificación y las actividades de promoción y comunicación en terceros países.
El objetivo es impulsar la comercialización del vino en España e incrementar su valor añadido, promocionándolo en terceros países y apoyando las inversiones en las bodegas, al tiempo que se fomentan modelos más sostenibles de producción.
El MAPA ha explicado que la intervención sectorial prevé la posibilidad de recurrir a la cosecha en verde en casos excepcionales ante posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda.
La PAC establece un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de al menos el 5 % del presupuesto, según el Ministerio.
Los dos primeros años de aplicación de la Intervención sectorial vitivinícola coincidirán con las operaciones y programas que están ejecutándose y que fueron aprobados en el marco del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola (Pasve) 2019-2023 antes del 31 de diciembre de 2022, los cuales podrán ejecutarse y pagarse hasta el 15 octubre de 2025.
