La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra PepsiCo, alegando que la compañía ha incurrido en prácticas ilegales de discriminación de precios al otorgar ventajas injustas a un gran minorista, identificado por fuentes cercanas como Walmart. Este caso ha reavivado el debate sobre la Ley Robinson-Patman de 1936, diseñada para proteger a las pequeñas empresas de prácticas comerciales desleales.
Según la FTC, PepsiCo habría realizado pagos promocionales exclusivos a Walmart, permitiéndole reducir precios mientras otros minoristas, incluidas grandes cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia independientes, no recibían el mismo trato. Esto, según la comisión, obliga a los consumidores a pagar precios más altos por productos de PepsiCo a menos que compren en Walmart.
“Cuando empresas como Pepsi dan una ventaja a los grandes minoristas, inclinan la balanza en contra de las pequeñas empresas y, en última instancia, inflan los precios para los consumidores estadounidenses”, afirmó Lina Khan, presidenta de la FTC.
PepsiCo, por su parte, negó las acusaciones y criticó la demanda, calificándola como “equivocada en cuanto a los hechos y la ley”. En un comunicado, la compañía aseguró que sus prácticas están alineadas con las normas de la industria y rechazó cualquier favoritismo hacia determinados clientes.
“No favorecemos a ciertos clientes ofreciendo descuentos o apoyo promocional a algunos y no a otros”, señaló PepsiCo.
La FTC ha basado su demanda en la Ley Robinson-Patman, una legislación de casi un siglo que rara vez se aplica. Esta ley prohíbe a las empresas ofrecer incentivos promocionales que favorezcan a grandes clientes en detrimento de los más pequeños.
Este caso contra PepsiCo es el segundo en poco más de un mes en el que la FTC invoca esta ley. En diciembre, la comisión demandó a Southern Glazer’s Wine and Spirits por supuesta discriminación de precios contra pequeños negocios.
La comisionada Melissa Holyoak, quien votó en contra de la demanda, criticó el caso, calificándolo como “el peor” que había visto durante su tiempo en la comisión. Según Holyoak, las promociones de PepsiCo a Walmart no constituyen descuentos discriminatorios, sino concesiones de precios ordinarias.
Las prácticas de precios de PepsiCo han sido objeto de escrutinio desde la pandemia. En 2022, la compañía enfrentó críticas por reducir el tamaño de sus botellas de Gatorade de 32 a 28 onzas, mientras mantenía o incluso aumentaba los precios. Este fenómeno, conocido como “reduflación”, generó acusaciones de especulación por parte de legisladores como la senadora Elizabeth Warren y la representante Madeleine Dean.
PepsiCo justificó sus aumentos de precios citando el alza en los costos de ingredientes, transporte, empaquetado y mano de obra. Sin embargo, la compañía también reconoció que los consumidores estaban optando por marcas más económicas o reduciendo sus compras de snacks y bebidas.
Para contrarrestar esta tendencia, PepsiCo lanzó promociones y paquetes económicos para productos como Lay’s, Doritos y Tostitos, buscando recuperar la confianza del consumidor y mantener su competitividad en el mercado.
La FTC busca una orden judicial permanente contra PepsiCo en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Este caso podría sentar un precedente importante en la aplicación de la Ley Robinson-Patman y cambiar la forma en que las grandes empresas manejan sus relaciones comerciales con minoristas.
Mientras tanto, PepsiCo, con sede en Purchase, Nueva York, enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre sus prácticas comerciales y sus precios. Con una cartera que incluye marcas icónicas como Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay’s y Quaker, la compañía está en el centro de una disputa que podría redefinir las reglas del juego en la industria de las bebidas y los snacks.
El caso FTC vs. PepsiCo no solo pone en la mira a una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo, sino que también reabre un debate sobre la equidad en el mercado y la protección de las pequeñas empresas. A medida que se desarrolla este proceso legal, los ojos estarán puestos en cómo la industria y los consumidores se verán afectados por las decisiones judiciales y regulatorias que se tomen en los próximos meses.
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